La diputada nacional por el Frente de Todos, Natalia Zaracho, junto al diputado Eduardo Toniolli, presentaron la semana pasada un proyecto de ley que busca achicar la reincidencia carcelaria mediante la creación (y posterior inclusión) de polos productivos de la economía popular.
La propuesta surge de organizaciones de liberadxs, familiares y detenidxs, entre las cuales se encuentran las Ramas de Liberados y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Evita, La Dignidad, FUNCAT y la Mutual de Liberados, Liberadas y Familiares “Mario Cafiero”.
Tal como definieron desde el MTE, la iniciativa "es una propuesta de seguridad centrada en la creación de Polos productivos de Inclusión Socio-laboral para las personas que salen de la cárcel", modelo que, precisaron, ya pusieron en marcha "a pequeña escala con buenos resultados" pero buscan "convertirlo en ley para que se transforme en una política de Estado".
Sobre la importancia de la propuesta, remarcaron el nulo acompañamiento para las personas salen de la cárcel y la falta de oportunidades, motivo por el cual "el delito termina siendo el único camino para la subsistencia". Ni hablar de que, para acceder a un empleo formal, se solicita un certificado de antecedentes penales y ello potencia más las dificultades de acceso a un trabajo.
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En ese sentido, denunciaron que "ese aspecto sumado a la falta de políticas pos penitenciarias a nivel nacional y provincial, dificulta la inclusión social posterior a la cárcel profundizando la problemática de inseguridad".
Principales propuestas del proyecto de ley
-Inclusión laboral en Polos Productivos
-Educación y formación técnica y profesional
-Acompañamiento comunitario integral
"El proyecto de ley propone -indicaron- la creación e implementación del 'Programa nacional para la reducción de la reincidencia mediante la Inclusión Sociolaboral de Personas Liberadas y familiares' dependiente del Estado Nacional a partir del cual se propone la creación de Polos Productivos de Inclusión en todo el país".
Asimismo, indicaron que, en el marco de la propuesta, "podrán acceder a este programa instituciones del Estado, municipios y provincias de todos los signos políticos, ONG’s, iglesias y todos los actores de la comunidad organizada que trabajen con esta problemática".
En esa línea, ampliaron: "La propuesta promueve instancias de educación y formación técnica y profesional tanto en lugares de detención como en los propios Polos. Asimismo, en cada Polo se propone que exista un equipo de acompañamiento comunitario interdisciplinario conformado por profesionales de diversas áreas (trabajo social, salud mental, derecho, etc). Para la conformación de estos equipos se priorizarán a las y los profesionales que hayan estado privados de la libertad, por lo cual también se generarán más fuentes de trabajo para liberados y liberadas".
Por último, indicaron que "para la aplicación del programa, el proyecto prevé la creación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de los Polos Productivos de Inclusión, representante de la autoridad de aplicación, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, el que tendrá a su cargo el control de la implementación del programa".
Un modelo inclusivo y más barato
Al resumir la propuesta, desde el MTE remarcaron que el modelo propuesto "es mucho más barato que, por ejemplo, construir cárceles", además de ser más eficiente "porque trabaja sobre el corazón de la problemática, que es prevenir el delito".
En ese sentido, compararon a modo de ejemplo que "construir dos cárceles nuevas y diez alcaldías, para 4.300 presos, le cuesta a la provincia de Buenos Aires $21.623 millones, mientras que crear y sostener 85 Polos Productivos por un año, para la misma cantidad de personas, costaría $1.445 millones".
"Una persona en libertad en un polo sale $340.000 por año mientras que una persona detenida en una cárcel sale $1.600.000, casi cinco veces más", concluyeron.
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