La variación en los precios de los productos de la canasta básica fue la variable económica de preocupación excluyente para el Gobierno esta semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un encendido reclamo a los supermercados porque sus precios “no reflejan la realidad económica”, y decidió la apertura a la importación alimentos y artículos de primera necesidad.
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Todo esto a pesar de haber conseguido un índice de inflación para febrero menor a los dos meses previos e incluso por debajo de las expectativas de los analistas económicos.
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Sin embargo, según informó Somos Télam, el sitio de los trabajadores en lucha contra el cierre de la agencia nacional de noticias, el Gobierno observó que en el comienzo de este mes, los precios recobraron una tónica ascendente mayor a la que venían teniendo. Mucho tienen que ver los aumentos ya previstos para marzo en los sectores de suministro de energía eléctrica, combustible y educación.
En el caso de las tarifas de la luz, para los usuarios de ingresos altos (Nivel 1, sin subsidios), el aumento alcanza el 150%.
Para los de ingresos medios (Nivel 2), el 65%, pero de superar los 400 KW/h mensuales y llegar a los 600 KW/h, el incremento ronda el 130%.
Por último, el nivel 3, el de bajos ingresos, considerando un consumo de 380 KV/h por mes, la suba es del 70%.
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Por su parte la nafta aumentó 4,4%; los colegios privados subieron sus cuotas entre un 40’% y un 50%; y las empresas de medicina prepaga hicieron lo propio en un 23%,
En medio de este escenario, donde desde Economía observaron un corrimiento de ésos aumentos a los precios de los productos de la canasta básica, Caputo tuvo el martes un encuentro con representantes de Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día, donde les dijo que “los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica”.
Además les señaló que las promociones que ofrezcan deben ser por unidad, en lugar de 3×2 o “70% de descuento en la segunda unidad”.
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¿CÓMO?
Al día siguiente, el Gobierno anunció medidas para “mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos”.
En ese sentido, se establecieron ventajas para la importación de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal, con el fin de alentar el ingreso “de productos de la canasta básica cuyo precio en el mercado local sea superior al precio internacional, lo que contribuirá a una mayor competencia y, en consecuencia, a una caída en la inflación y en el nivel de precio de estos productos”.
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La decisión encontró un inmediato rechazo en la Unión Industrial Argentina (UIAI, cuyo presidente Daniel Funes de Rioja es asimismo el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), y generó el alerta en las pequeñas y medianas empresas del rubro que advirtieron que la medida podría ocasionar el cierre o el achicamiento de muchas de ellas con el consecuente despido de miles de trabajadores.
En medio de estas preocupaciones, discusiones y definiciones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la inflación de febrero, la más baja de lo que lleva el gobierno de Javier Milei, con 13,2%, más de siete puntos porcentuales por debajo de la de enero y más de doce respecto de la de diciembre, evidenciando una importante desaceleración en el nivel de precios.
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Sin embargo, el Gobierno no pudo lucirse como pretendía con este número porque tomó conciencia de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo podría estar por encima del de febrero, lo que mostraría la dificultad del Poder Ejecutivo para sostener un descenso de la inflación como prometió el Presidente.
