En la mañana de este lunes, Majidreza Rahnavard de 23 años fue ejecutado en público en la ciudad de Mashhad bajo el cargo de "enemistad con Dios". Se trata de la segunda ejecución tras la condena a muerte de una docena de personas que se habían manifestado en las calles para protestar contra la violencia a la que les somete el gobierno iraní.
Fue ahorcado en público y no dentro de la prisión, informó Mizan Online, la agencia de información de la judicatura, citada por AFP.
Rahnavard fue condenado por su participación en las protestas que se extienden por todo el país desde septiembre pasado por la muerte de la joven Mahsa Amini, a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones.
La corte lo condenó con el cargo de "enemistad con Dios", por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad.
Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves último de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar. Fue detenido el 19 de noviembre cuando intentaba huir del país, según Mizan.
Ejecución: gobierno iraní ahorcó a un hombre que formó parte de las protestas por Amini
La agencia Mizan Online también publicó supuestas imágenes de la ejecución de Rahnavard, en las que se ve a un hombre ahorcado en una grúa, con las manos atadas en la espalda.
"La ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes", declaró a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
#URGENT: Protester #MajidrezaRahnavard was publicly hanged for charges of moharebeh (enmity against god) in Mashhad this morning, per the judiciary's Mizan news agency. He was arrested 23 days ago and is the second protester to be executed in five days.#StopExecutionInIran pic.twitter.com/ZoAIeUlJjj
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) December 12, 2022
"Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un juicio manifiestamente injusto y un juicio espectáculo", añadió.
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The Islamic Republic executed MajidReza Rahnavard this morning. The monsters called his family at 7 AM to tell them this: “We have killed your son, and buried his body in Behesht-e Zahra Cemetery.”#StopExecutionInIran pic.twitter.com/haaVUhBAHO
— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) December 12, 2022
"La República Islámica ejecutó a MajidReza Rahnavard esta mañana. Los monstruos llamaron a su familia a las 7 am para decirles: 'Matamos a tu hijo y enterramos su cuerpo en el cementerio de Behest-e Zahra'" dice el tuit de 1500tasvir traducido al inglés.
Esta nueva ejecución es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre pasado de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años fallecida tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.
Desde su creación en 1979, la República Islámica de Irán fue atravesada por varias olas de protestas, pero la crisis actual no tiene precedentes por su duración, por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye los llamamientos directos al fin del régimen.
El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora once condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de "disturbios".
Una decena de Iraníes condenados a muerte esperan una ejecución "inminente"
Sin embargo, los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
"Sin debido proceso. Juicios ficticios. Así es como quieren detener las protestas en todo el país", dijo Omid Memarian, analista sobre Irán de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWIN).
Según Amnistía Internacional, Mahan Sadrat, de 22 años, condenado a muerte tras un juicio sumario e "injusto" el 3 de noviembre, fue trasladado el sábado a la prisión de Rajai Shahr, en Karaj, cerca de Teherán, "lo que hace temer una ejecución inminente".
Sadrat fue declarado culpable de sacar un cuchillo durante las protestas, lo que negó rotundamente ante el tribunal.
Amnistía Internacional también advirtió que la vida de otro joven, Sahand Nourmohammadzadeh, corre peligro tras ser condenado a muerte el 6 de noviembre por "demoler las barandillas de una autopista y quemar contenedores de basura y neumáticos".
Entre otros condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 años, de la minoría kurda de Irán. Otro rapero, Toomaj Salehi, que apoyó las protestas contra el régimen, está acusado de "corrupción en la tierra" y podría ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.
Activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas.
“La escandalosa velocidad con la que progresó el juicio de Mohsen Shekari por el sistema judicial iraní, sin darle la oportunidad de un juicio y un proceso de apelación adecuados, ilustra una vez más el hecho del que las autoridades recurren a la pena de muerte como instrumento de represión política. El objetivo está claro: infundir miedo a la población en un intento desesperado por aferrarse al poder y poner fin al levantamiento popular.” declaró Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
"Más allá de expresar su indignación y su condena, la comunidad internacional debe tomar todas las medidas necesarias para hacer rendir cuentas a todos los funcionarios —incluidos los de seguridad, inteligencia, la fiscalía y la judicatura— involucrados en crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. Una de las medidas debe ser ejercer la jurisdicción universal para investigar a todos los presuntos autores de tales crímenes y, cuando haya pruebas suficientes, emitir órdenes de detención”, manifestó Eltahawy.
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