El Gobierno de Cambiemos logró una medalla de bronce en un podio regional, el del ajuste al pueblo trabajador. De acuerdo con un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) el país registró en los últimos tres años el mayor aumento a nivel sudamericano de los servicios públicos sobre el salario mínimo.
Es que la incidencia del costo tarifario era del 6% del salario en 2015 y pasó a ser de 23,5% en la actualidad. De este modo, la Argentina trepó a la tercera posición en el ránking de ocho países de la región, según el estudio elaborado por la casa de altos estudios del sur del Conurbano bonaerense.
La Undav explicó que al estudiar la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el ingreso mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2% en los últimos tres años.
Asimismo, el trabajo señaló que durante este tiempo se registró una "notable transferencia de recursos" a partir de la liberación del precio de las tarifas, la supresión de los subsidios y la merma de impuestos a los sectores concentrados de la economía como la baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.
Como parte de ese mismo proceso, la Undav expuso que, específicamente desde inicios de 2016, se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1.491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. En tanto, en materia de transporte el ajuste fue del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.
Pero esta pesadilla para las billeteras de las trabajadoras y los trabajadores tendrá un capítulo nuevo el año próximo de aprobarse el Presupuesto que envió el presidente Mauricio Macri al Congreso. Según el informe, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2019: se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el año que viene.
"En última instancia la política tarifaria permite reducir los gastos estatales en subsidios, pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias", concluyó el trabajo.
