Los medios hegemónicos y el estigma de la población con problemas psíquicos

El lunes pasado, Rodrigo Rozas, un hombre usuario del sistema de salud mental, apuñaló y mató al policía federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo. El atacante fue, a su vez, asesinado a balazos por el efectivo. De este hecho, se abrieron muchos debates. El más fácil y simplista es hablar de las pistolas eléctricas Taser como un recurso policial disuasivo ante episodios como este. Otro, el más político partidario, es la intervención de la Policía Federal en un caso que le correspondía a la de la Ciudad, que estaba presente en el momento. El tercero, y del que menos se debate, es qué capacitación tienen las fuerzas de seguridad para abordar una situación de riesgo con una persona con padecimientos de salud mental. El cuarto, el poner en tela de juicio la Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental. Y el quinto (o puede haber más incluso), la estigmatización que deriva del tratamiento simplista, y a veces mala leche, de esta noticia en la población que es usuaria de ese servicio. Estos últimos son los que intentaremos desglosar en esta nota.

La Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental, una ley con enfoque de Derechos Humanos

La nota de Infobae titulada "El policía Juan Roldán fue víctima de dos abolicionismos: el penal y el psiquiátrico" de la periodista y editora de ese medio, Claudia Peiró, da ejemplos de sobra de lo que es escribir sin saber o quizá, desde una ignorancia voluntaria y consciente. Critica a la Ley de Salud Mental porque, asegura, la norma establece que "un paciente no puede ser internado sin su consentimiento". Así lo destaca, con negrita.

Basta con la lectura de los artículos 16 y 20 de la norma que ella enuncia, más no cita, para concluir que el eje de su columna es falso. En el artículo 16 se expone que para una disposición de internación se debe dar, entre otros requisitos, el "consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda" y ahonda: "Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria".

Además, Peiró se basa en la premisa de que si Rozas hubiera estado en un manicomio, el asesinato de Roldán no hubiera ocurrido. Está clara su postura a favor de las instituciones de encierro, tal vez por miedo, por convicción militante de que sirven a la sociedad, o por mera oposición al "progresismo" que tanto subestima y desmerece en sus líneas. El motivo nunca lo sabremos. Lo que sí se sabe es por qué hay una Ley Nacional de Salud Mental desde el 2010 que busca la desmanicomialización como el mejor camino a seguir para la participación de las personas en la sociedad, con una visión integral y comunitaria de la salud, y no como un caso aislado como el que eligió Peiró para hacer un análisis general.

En la misma

Eugenia Toriggia Campos es trabajadora social especializada en salud mental. Trabaja en Proyecto Suma, una organización civil sin fines de lucro de asistencia y rehabilitación en salud mental, y en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Sobre la cobertura que hicieron los medios de comunicación y la lectura de algunas asociaciones de médicos psiquiátricas del hecho donde dos personas terminan, lamentablemente, fallecidas, creo que como sociedad nos debemos la pregunta de qué estamos haciendo cada une de nosotres en relación a la posibilidad de recuperación y de reincorporación de personas con padecimiento psíquico. Creo que necesitamos empatizar con el sufrimiento, necesitamos exigir políticas que tiendan a la integración, a la inclusión, que garanticen tratamientos y recursos. No sólo de acceso a la medicación y a los tratamientos individuales, sino también a los dispositivos alternativos, no sólo a los que nombra la Ley, sino a los que ya existen. No todas las obras sociales y prepagas cubren los tratamientos necesarios. Muchas veces es necesario tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para lograr una cobertura plena de aquellos dispositivos y aquellos apoyos que necesitan cada una de las personas para su recuperación. Como sociedad nos debemos esta discusión y además debemos salir enérgicamente a disputar una concepción arcaica que se manifiesta en la cobertura respecto de la relación que existe entre una persona con padecimiento psíquico y los posibles hechos de violencia. El hablar de peligrosidad, realmente a esta altura y después de años de militancia para que saliera la Ley de Salud Mental, pone de manifiesto los intereses que tienen que ver con el mercado de la farmacología, de una mirada biologicista de algo que tiene que ver con múltiples factores, no sólo el padecimiento sino también la violencia.

Son necesarias más campañas de información de lo que le puede pasar a una persona que está sufriendo, que la Ley es muy clara en cómo define el sufrimiento psíquico, de los factores que intervienen para que esto se produzca. En todo caso hay que volver a eso y compartir información de cómo actuar y no dejar de exigir los apoyos necesarios para que las personas con padecimientos psíquicos se puedan recuperar y puedan aportar. Como sociedad nos estamos perdiendo mucho del aporte creativo, productivo y afectivo de un montón de personas por tener concepciones que no tienen que ver con lo real.

Estigmatización de lxs usuarixs de salud mental

"El enajenado"

El caso Rozas-Roldán vuelve a incentivar la asociación prejuiciosa entre padecimiento mental y violenciaPROYECTO SUMA·JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2020·TIEMPO DE LECTURA: 2 MINUTOS

El lamentable hecho ocurrido el lunes 28 de septiembre, que terminó de un modo violento con la vida de Juan Pablo Rozas y Rodrigo Roldán, volvió a incentivar la asociación prejuiciosa entre padecimientos mentales y violencia.

La violencia es un fenómeno multicausal, que se presenta de distintas formas y no es, claro está, patrimonio de quienes tienen padecimientos mentales (sabido es que, incluso, quienes tienen padecimientos mentales son más propensos a padecer la violencia que a ejercerla).

La propuesta extrema de mantener internados a quienes tienen padecimientos mentales perjudicaría a una enorme mayoría de personas que no son peligrosas y difícilmente reduciría la violencia.

Por supuesto que en muchas ocasiones una internación oportuna y acotada en un centro asistencial con los recursos adecuados puede ser de gran utilidad para evitar episodios como el del día lunes. Y resulta importante subrayar que es falso, como sugirieron varios medios, que no puedan llevarse a cabo internaciones involuntarias cuando existe riesgo cierto e inminente.

Pero creemos firmemente que, un acontecimiento como el ocurrido, no pone de relieve esa necesidad sino la de la creación de dispositivos de tratamiento orientados a la recuperación que dispensen tratamientos humanizados y eficaces y promuevan la inserción social y laboral de quienes son tratados. Pone de relieve también la importancia de poder difundir en la población general una mirada inclusiva y no estigmatizante y que no criminalice el padecimiento mental, inclusive a través de la enseñanza de los primeros auxilios en salud mental. Y, por último, debe alertarnos una vez más respecto de las dificultades de nuestra sociedad para procesar el malestar de maneras no violentas.

Episodios dolorosos como el sucedido no debieran intentar corregirse multiplicando otros dolores e injusticias. Podemos hacerlo mejor que eso y podemos intentar que estos episodios sean aún más excepcionales de lo que lo son.Acompañamos a las familias de Rodrigo y de Juan Pablo en este doloroso momento.