El Tribunal Supremo de Perú sentenció anoche que la protesta social es un delito, ya que no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal, informaron este miércoles medios locales en medio de un contexto de movilizaciones antigubernamentales iniciadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado.
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La sentencia del máximo tribunal afirma que la única protesta legítima en el país es la huelga de hambre, mientras que para un trabajador se consideran también válidas las medidas de fuerza laborales, según informó el diario peruano La República. Cualquier otro tipo de manifestación, aunque sea pacífica, "que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima irremediablemente la protesta y se convierte en un delito".
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Además, en caso de que se obstaculicen rutas o vías, como suele suceder en muchas protestas, se considerará un agravante al delito, informó la agencia de noticias Europa Press.
"Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos, o que, en todo caso, no existe recepción de parte de las autoridades, o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de dichos reclamos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social", detalla la sentencia.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú rechazó categóricamente el fallo, y afirmó en un comunicado que "viola los estándares internacionales de protección del Derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia".
También resaltó que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en reiteradas ocasiones que, en una democracia, las vías públicas son un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, y no solo un espacio de tránsito".
Este veredicto se da como resolución de un recurso impuesto por cuatro campesinos de Cotabambas, una provincia en el sur de Perú, que en 2016 fueron detenidos cuando protestaban contra un proyecto minero en su provincia.
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Sin embargo, la decisión del máximo tribunal se produce en un clima de convulsión desatado tras la destitución de Castillo y la toma del poder por parte de la entonces vicepresidenta y actual mandataria, Dina Boluarte.
Al menos 49 personas murieron por acción directa de la Policía y 11 en otros hechos violentos durante las masivas protestas, que tuvieron -y tienen- como objetivo exigir la salida de Boluarte y los miembros del actual Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
Un informe de fines de abril de Human Rights Watch (HRW) y otro en el mismo sentido de la CIDH mencionaron que durante la represión a las protestas se cometieron "excesos" por parte de las fuerzas militares y policiales.
