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Petro permite salidas a 5.000 reclusas para que puedan cuidar a sus hijos

La ley alcanza a mujeres cabeza de hogar con sentencias por delitos como microtráfico y hurto que se verán beneficiadas en el marco del proyecto de resocialización de reclusos y prevención de la delincuencia generacional. Otorga entre cinco y 20 horas semanales para salir de prisión con el fin de que puedan estar con sus hijos.

Gustavo Petro (Foto: Presidencia)
Gustavo Petro (Foto: Presidencia)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la sanción de la ley que liberará a unas 5.000 mujeres presas, madres cabeza de familias durante cinco días cada semana para permitirles el cuidado de sus hijos.

La sanción de Ley de mujeres cabeza de familias fue firmada ayer, en el Día Internacional de la Mujer, en el departamento del Chocó.

La medida "sustituye las penas de prisión de cerca de 5.000 mujeres condenadas que son cabeza de hogar y están en condición de marginalidad", permitiéndoles entre cinco y 20 horas semanales para salir de prisión con el fin de que puedan hacerse cargo de sus hijos.

El mandatario publicó en Twitter que con la norma "se mejoran sus beneficios jurídicos con el trabajo y entran a la renta ciudadana".

La ley alcanza a mujeres con sentencias por delitos como microtráfico y hurto que se verán beneficiadas en el marco del proyecto de resocialización de reclusos y prevención de la delincuencia generacional.

Asimismo, el beneficio se otorgará a mujeres que estén condenadas por su primer delito o no hayan cometido ninguno doloso en los cinco años previos a la comisión de este, que procedan en prisión domiciliaria, que sean madres cabeza de hogar y que logren probar que en el momento en que cometieron la conducta punible se encontraban en condiciones de marginalidad que afectaban la manutención del hogar.

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El presidente destacó que votó afirmativamente el proyecto cuando era congresista.

El proyecto de ley consideraba que la política criminal de las drogas se había centrado en personas vulnerables de la cadena del narcotráfico, como los cultivadores y expendedores, que suelen ser mujeres. También demostraba que al estar privadas de su libertad, se produce una afectación en el hogar, debido su rol de cuidado.

Petro señaló ayer con gran alegría que el objetivo de esta ley es evitar que los niños crezcan sin afecto y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma.

"Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecerán sin afecto y muchos, en el futuro, se convertirán en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, es una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá", dijo Petro, recogió el medio local El Tiempo.

"No es encarcelando a las sociedades como nos salvamos de la violencia", aclaró, "es en la libertad donde se construyen las sociedades".

El objetivo de la ley, que será reglamentada en un plazo de seis meses, es que las madres privadas de la libertad se puedan reencontrar con sus hijos menores de edad, acompañar sus procesos de formación y evitar que el ciclo de delincuencia se reproduzca.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que "el objetivo de esta ley es que los jueces sustituyan las condenas e impongan la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan la comunidad en la reconstrucción del tejido social que se afectó por la comisión del delito", informó el medio local El Heraldo.

Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay unas 17.000 mujeres privadas de la libertad, una cifra que ha crecido un 400% en los últimos 20 años.

La Corte Constitucional de Colombia (Inpec) indicó que para el 31 de enero de 2022, había 6.698 mujeres privadas de la libertad, de las cuales 4.093 (61,1%) estaban condenadas.

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De ellas, 2.715 con pena de prisión inferior o igual a 8 años. Entre ellas, unas 1.943 se encontraban por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que corresponde al 29% del total de mujeres en establecimiento de reclusión y al 47,5% de las condenadas.

En diciembre de 2020, el 44,2% de las mujeres se encontraba en prisión por este delito típico de posesión.

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