El presidente Javier Milei derogó el Decreto Nº 805/2021 que extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras en las que viven comunidades originarias en el país, vigente desde 2006.
Según los fundamentos expuestos en el decreto 1083/2024, firmado por el jefe de Estado y sus ministros, la prolongación de esta emergencia por 18 años generó "inseguridad jurídica" y una "grave afectación al derecho de propiedad" de legítimos dueños, así como al dominio provincial sobre recursos naturales.
El Gobierno argumentó que la suspensión de desalojos dificultó actividades productivas y recreativas, además de fomentar conflictos territoriales.
En un claro posicionamiento contra las comunidades originarias desplazadas, la medida se enmarca en el objetivo de garantizar la propiedad privada como "pilar principal" para atraer inversiones y promover el desarrollo del país, al tiempo que busca "resolver" los conflictos que han "afectado" a propietarios desplazados durante casi dos décadas y asegurar la soberanía nacional.
El decreto establece el fin inmediato de la emergencia y la suspensión de desalojos dispuestas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, y solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente.
