Brisa tiene tres años y dos hermanos gemelos de siete, Elías y Tobías. Viven ahora con su tía Cintia y sus tres primos en Moreno. Su mamá era Daiana Barrionuevo, cuyo cuerpo apareció el 10 de enero pasado adentro de una bolsa en un arroyo tras 20 días de búsqueda.
Su papá Iván Domínguez fue quien denunció la ausencia de Daiana. Le dijo a la policía que había abandonado el hogar paraescapar con su amante. Está preso desde entonces, acusado de homicidio agravado por el vínculo, con los agravantes de la premeditación, alevosía y violencia de género.
Brisa es una de las 1.617 menores de edad que quedaron sin mamá entre el 2008 y el 2015 por la expresión más extrema de la violencia machista: los femicidios. Su nombre fue el elegido para denominar un proyecto de ley de "reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales de femicidio", es decir, que quedaron huérfanos de madre. Si a esto le sumamos que en la mayoría de los casos el padre está preso o prófugo de la Justicia por ser el autor del crimen, la situación de desamparo de los chicos es absoluta.
El anteproyecto fue presentado la semana pasada en la mesa de entradas del Senado en el marco de la movilización multitudinaria del miércoles 19, en la que miles de mujeres volvieron a las calles a exigir el fin de todo tipo de violencia de género. Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, es la impulsora de la iniciativa junto a los legisladores Juan Manuel Abal Medina (FpV), Jaime Linares (GEN) y Alfredo Martínez (UCR).
"El Estado debe reconocer su responsabilidad en estos casos y devolverle a estos chicos algo de calidad de vida. Por eso el proyecto contempla que se les otorgue el equivalente a una jubilación mínima con todos los aumentos legales que correspondan y una cobertura integral de salud a aquellos niños que no la tuvieran", explicó Rico.
Si bien el texto prevé que los titulares de la prestación serán los menores de edad, el adulto que quede a cargo cobrará el dinero. "Pedimos que el Estado, que no pudo evitar ni prevenir el femicidio de las madres de esos niños, garantice los derechos básicos que deben ser cubiertos para que no dependan de los recursos de las personas que están a su cargo", remarcó la presidenta de La Casa del Encuentro.
No obstante, el escrito hace una salvedad fundamental sobre este punto: "Por ningún motivo la reparación puede ser percibida por el progenitor u otra persona que haya sido imputada, procesada o condenada como autora, coautora, instigadora o cómplice del delito de homicidio cometido contra la progenitora de las niñas, niños y adolescentes que resulten destinatarios de la prestación".
