Si había un tema que parecía que Javier Milei iba a llevar a cabo efectivamente a favor de la mayoría y en contra de la casta, ese tema era la destrucción del nefasto kiosco del Registro de la Propiedad Automotor. Pero como con el resto de sus promesas de campaña respecto del poder real, el presidente dio un paso atrás y le renovó el contrato a la casta más evidente de la burocracia de la patria.
En las últimas horas la saga de la casta administrativa tuvo otro episodio y consistió en que, a través del Boletín Oficial, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ordenó incrementar los aranceles y montos que cobrarán los Registros de la Propiedad Automotor por cada transferencia que se realice en la compra de un vehículo nuevo o usado.
La medida, publicada este martes habilitaba un aumento de los montos para cada uno de los registros. En total son 43 los aranceles afectados por la medida ordenada por Cúneo Libarona.
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Algunos aranceles aumentaban, según la decisión, hasta el 300 por ciento.
Sin embargo, por la tarde, el propio Cúneo Libarona anunció que la medida ya oficializada iba a tener una marcha atrás. "Reevaluamos", argumentó el ministro sobre el aumentazo que, por ahora, quedó suspendido.
Una promesa que no avanzó
El Gobierno de Milei, apenas asumió, prometió terminar con los Registros Automotores a los que calificó como "un curro" y señaló que eran parte de "la casta" ya que muchas veces se conseguían por "favores políticos".
Incluso en el mega DNU de Javier Milei, que está en vigencia, hay un artículo destinado a los Registros Automotor. Se trata del artículo 364, que establece como cláusula transitoria, que “la Dirección Nacional (de Registro Automotor) deberá hacer efectiva la puesta en marcha de su registro remoto, abierto, estandarizado y accesible a más tardar el 2 de mayo de 2024″.
A 20 días de esa fecha límite no hay novedades oficiales al respecto.
Historia de un curro
La historia del Registro Nacional de la Propiedad Automotor se remonta al año 1964, cuando fue creado como ente jurídico, encargado de establecer un régimen de titularidad del dominio en base a las inscripciones y constancias registrales. Con los años se convirtió (y potenciado en años de Carlos Menem) en un megakiosco en el que el poder de turno repartió registros a amigos y favorecidos. Por el momento todo sigue igual.
