El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó la compra de las operaciones de gas y petróleo en la zona del Atlántico Sur realizada por la firma británica Harbour Energy a la compañía alemana Wintershall Dea, que incluyen su participación en el denominado "Proyecto Fénix", la mayor inversión del país en materia energética.
"Fénix" comprende la instalación de una plataforma submarina en la Cuenca Marina Austral, costas afuera de Tierra del Fuego, para la extracción de gas convencional a partir de fines de 2024.
Con una inversión de 700 millones de dólares, el emprendimiento prevé dotar al sistema nacional de "10 millones de metros cúbicos de gas por día", lo que equivale al "10% del total de la producción nacional", confirmaron fuentes oficiales del gobierno fueguino.
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El proyecto se encuentra en manos del consorcio Total Energies, integrado por la empresa Total Austral y, hasta ahora, por sus socios Wintershall Dea Argentina y Pan American Sur.
Sin embargo, el ingreso de Harbour Energy mediante la adquisición de la parte del negocio de Wintershall Dea encendió las alarmas en las autoridades provinciales.
Según reveló Melella, la petrolera inglesa es la misma que fue intimada en 2022 por la Cancillería argentina por anunciar actividades de exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
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"No se trata de una simple adquisición o cambio de compañía, sino que esta acción reviste una gravedad inusitada", escribió el mandatario fueguino en Twitter.
El gobernador recordó que Harbour Energy, con sede en Londres, fue intimada por realizar "acciones contrarias a las leyes 26.659 y 26.915", ya que "pretendía realizar actividades de exploración hidrocarburífera en la zona de nuestras islas Malvinas sin la autorización pertinente por parte del gobierno argentino", aunque terminó "retirándose del proyecto".
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¿CÓMO?
Melella dio más datos de la empresa británica, al explicar que la firma nació "de la fusión de otras dos empresas británicas: Chrysaor Holdings Ltd y Premier Oil. Y esta última fue sancionada en el año 2013 y fue inhabilitada por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño", precisó.
"Lamentablemente, la legislación actual (ley 26.659) no nos protege de este tipo de acciones, ya que solo sanciona a empresas que realicen o se encuentre autorizadas a realizar, pero no a empresas que hayan realizado en el pasado este tipo de acciones violatorias de nuestra soberanía", reseñó el funcionario.
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Ante ello, "rechazamos en los términos más contundentes este intento de vulnerar nuestros derechos soberanos y pondremos en marcha todos los mecanismos administrativos que estén a nuestro alcance de conformidad a nuestra jurisdicción", anticipó el titular del Ejecutivo fueguino.
En esa línea, dijo que convocará a diputados y senadores por la provincia para presentar un proyecto de ley en el Congreso que modifique la legislación actual y permita las sanciones a empresas que en el pasado hayan realizado acciones como la de esta petrolera del Reino Unido.
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"No permitiremos ningún accionar que procure afianzar la ilegal presencia británica en nuestro territorio y que amenace de forma directa a los intereses provinciales y nacionales. Haremos uso de todas las herramientas legales y administrativas que estén a nuestro alcance y sean de nuestra competencia para proteger nuestros derechos", concluyó el gobernador de Tierra del Fuego.
