Tras una larga custodia frente al edificio, una patrulla de Gendarmería Nacional allanó esta noche una escribanía de Río Gallegos que podría aportar pruebas en la investigación por lavado de dinero que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez y que también tiene como recientes imputados al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los efectivos de la fuerza de seguridad llegaron cerca de las 17 a la "Escribanía Albornoz", situada en la calle Zapiola 184, en el centro de la capital de Santa Cruz, y cuyo titular, Ricardo Albornoz, tiene vinculaciones tanto con empresas de Báez como de la familia Kirchner, señalaron fuentes allegadas al caso, según consignó la agencia Télam.
Los gendarmes se apostaron frente al edificio de tres plantas con un móvil y al cabo de varias horas llegaron otras camionetas con uniformados que descendieron como para dar inicio a la medida judicial, aunque luego se retiraron del lugar sin ingresar a las instalaciones.
Finalmente, luego de varias idas y vueltas en el lugar, Gendarmería allanó el inmueble de la calle Zapiola. El escribano Ricardo Albornoz había llegado a sus oficinas pasadas las 18, donde consultó si se estaba realizándo un allanamiento, sin embargo, en ese momento, los efectivos lo negaron.
Según fuentes extraoficiales, un requisito formal fue el motivo de la demora en el cumplimiento de la orden de la Justicia. Finalmente, el operativo comenzó alrededor de las 23.30 y concluyó a las 9 de la mañana.
La escribanía funciona en el primer piso del edificio que tiene una planta superior con departamentos y una planta baja donde hay una empresa de servicios y logística para la industria del gas, el petróleo y la energía.
Este allanamiento es el corolario de una jornada repleta de versiones sobre otros procedimientos que podrían llevarse a cabo en Río Gallegos, a partir de la declaración que prestó ayer Leonardo Fariña en la causa conocida como "Ruta del dinero K".
Las sedes de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, así como los domicilios particulares del empresario detenido en Buenos Aires, fueron los sitios que despertaron mayor atención ante la inminencia de las medidas judiciales que sin embargo todavía no se llevaron a cabo.