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La ley Bases significaría “el fin del sistema científico nacional”

Investigadores advirtieron que la reforma legislativa que se debate en la cámara alta representa una amenaza para el mundo científico y pidieron a los senadores que "no comprometan el futuro de nuestro país".

Foto: Somos Télam
Foto: Somos Télam

La comunidad científica se encuentra en estado de alerta frente al debate en el Senado de la Ley Bases, que si es aprobada le otorgará al Poder Ejecutivo la potestad de disolver más de diez instituciones de ciencia y modificar completamente otros organismos como el Conicet o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por lo que investigadores advirtieron a Somos Télam que la reforma legislativa significaría “el fin de nuestro sistema científico”.

“La Ley de Bases pone en riesgo a todo el sistema científico y tecnológico en varios de sus artículos. El que más preocupación nos trae a la comunidad científica es el artículo 3 porque habilita al Poder Ejecutivo nacional a hacer cambios sustanciales”, aseguró a Somos Télam la investigadora Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y referente de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).

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De aprobarse el proyecto de Ley Bases en el Senado, el gobierno de Javier Milei pasaría a tener facultad para disolver organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que brinda servicios esenciales para el país con los pronósticos meteorológicos y las alertas tempranas, o el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que elabora los mapas argentinos, monitorea la expansión de ciudades, brinda información geoespacial para gestionar el riesgo de inundaciones y vigila desde los movimientos sísmicos hasta el retroceso de los glaciares.

“Si la ley es aprobada y se le da la potestad al Poder Ejecutivo de hacer estos cambios, significa prácticamente el fin de nuestro sistema científico”, advirtió Levi, doctora en Química e investigadora del Conicet.

El artículo 3 de este proyecto de ley del oficialismo faculta al Poder Ejecutivo a “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” de organismos públicos; así como su “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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En el mismo apartado se aclara que las universidades nacionales y los órganos del Poder Judicial, Poder Legislativo y Ministerio Público quedan excluidos de ser sujetos a modificación alguna.

Sin embargo, en cuanto al área de ciencia y tecnología, solo se detalla que el Poder Ejecutivo no podrá disolver el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

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“Si bien el Conicet no puede ser disuelto, el texto de la ley habilita al Poder Ejecutivo a fusionarlo, escindirlo, transferirlo a las provincias o modificar sus competencias. Con lo cual, aun cuando se protege a los organismos de la disolución, pueden quedar como cáscaras vacías sin funciones o con una función muy acotada”, apuntó Levi.

Asimismo, otras trece instituciones del sistema científico y tecnológico nacional quedan sujetas a disolución, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo pionero en su tipo que aplicó la genética a los derechos humanos y se consolidó como una referencia mundial para los bancos de ADN de búsqueda de personas y criminalística.

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Por otro lado, el artículo 5 también impacta directamente en el funcionamiento del sistema científico nacional, ya que autoriza al Gobierno a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.

Este artículo afecta en particular al Fondo de Promoción y Fomento a la Innovación que es utilizado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), el principal organismo que financia el desarrollo de la ciencia en nuestro país, pero que sin los fondos dejaría de funcionar.

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También representa un riesgo el artículo 6 que autoriza la intervención de decenas de organismos descentralizados como la Administración de Parques Nacionales o el Instituto Nacional del Agua (INA).

Otro artículo que preocupa a la comunidad científica es el número 52 que sustituye el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 de Regulación de Empleo Público Nacional.

“El artículo 52 faculta al Poder Ejecutivo a poner en disponibilidad a los empleados públicos. Esto se traduce en que se pueda echar a investigadores formados de Conicet”, alertó Levi.



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