La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la represión desplegada el jueves frente al Congreso de la Nación, durante una movilización en defensa de las universidades públicas. El organismo reclamó que se investigue a los funcionarios políticos, a quienes ordenaron y dirigieron el operativo y a los agentes que ejecutaron las acciones denunciadas.
En su presentación, la CPM sostuvo que las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron un operativo represivo que calificó de “planificado, ilegítimo e indiscriminado”.
El organismo, que intervino en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció un “uso ilegal y desproporcionado de la fuerza pública” y solicitó que se investiguen las posibles responsabilidades penales de los involucrados.
La CPM presentó una denuncia penal por la represión del jueves y solicitó que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios políticos, de quienes ordenaron y dirigieron el operativo y de los agentes que ejecutaron esos actos. Por primera vez en una marcha convocada en defensa de las universidades públicas, las fuerzas de seguridad federales junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron, de manera planificada, ilegitima e indiscriminada, un brutal operativo represivo en la zona del Congreso de la Nación. Cómo fue la represión La represión se extendió durante más de 3 horas y dejó al menos 550 personas afectadas y heridas por más de 120 granadas de gases lacrimógenos, químicos, disparos con postas de goma y agua a presión lanzada por los camiones hidrantes. Una vez más se registró el ataque dirigido contra trabajadores/as de prensa, equipos sanitarios que atendían a las víctimas y organismos de derechos humanos que monitoreaban el despliegue de las fuerzas de seguridad, entre ellos, integrantes la Comisión Provincial por la Memoria. Al menos seis personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas dos adolescentes. Los registros de la represión ocurrida el pasado jueves en el Congreso de la Nación y alrededores, evidencian una vez más el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza pública y la utilización irregular de armas menos letales: lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno y gases químicos de manera indiscriminada, ataques dirigidos contra personas que deben ser particularmente protegidas por las tareas que cumplen, disparos con postas de goma o químicas en dirección horizontal o apuntando al cuerpo de las personas. Cuáles son los delitos que se imputan El organismo de derechos humanos, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, pidió que se investigue a los responsables políticos y quienes ejecutaron la represión por los delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas o malos tratos, entre otros. Ver más: https://t.co/u89c5XljKL
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) October 17, 2026
La CPM denunció más de tres horas de represión y al menos 550 personas afectadas
Según el relevamiento presentado por la organización, la represión se extendió durante más de tres horas y dejó al menos 550 personas afectadas y heridas.
La CPM indicó que durante el operativo se utilizaron más de 120 granadas de gases lacrimógenos, sustancias químicas, disparos con postas de goma y agua a presión mediante camiones hidrantes.
En su denuncia, advirtió sobre la “utilización irregular de armas menos letales” y cuestionó las modalidades de intervención de las fuerzas de seguridad durante la movilización.
El organismo también sostuvo que los registros de los hechos muestran lanzamientos indiscriminados de gases y disparos con postas de goma o químicas efectuados “en dirección horizontal o apuntando al cuerpo de las personas”.
A partir de esos señalamientos, pidió que la Justicia analice las imágenes y los demás elementos disponibles para reconstruir el desarrollo del operativo y determinar las responsabilidades correspondientes.
Denunciaron ataques contra periodistas, equipos sanitarios y organismos de derechos humanos
La CPM afirmó que durante el procedimiento se registraron ataques dirigidos contra trabajadores y trabajadoras de prensa, equipos sanitarios que asistían a las personas afectadas y organismos de derechos humanos que monitoreaban el accionar policial.
Entre quienes realizaban tareas de seguimiento había integrantes de la propia Comisión Provincial por la Memoria.
La organización cuestionó especialmente las agresiones contra personas que cumplían funciones periodísticas, sanitarias o de monitoreo de derechos humanos y pidió que esas situaciones también sean investigadas.
Los hechos denunciados forman parte del planteo mediante el cual el organismo busca establecer si existieron órdenes, prácticas o actuaciones ilegales durante el despliegue de las fuerzas de seguridad.
La denuncia incluye al menos seis detenciones, dos de ellas de adolescentes
Otro de los puntos señalados por la CPM fue la detención de al menos seis personas durante la represión, entre ellas dos adolescentes.
El organismo pidió investigar si esas privaciones de la libertad fueron legales y determinar qué agentes y responsables operativos intervinieron en cada caso.
La presentación también reclama que se analice la cadena de mando para establecer quiénes ordenaron, organizaron y dirigieron el procedimiento.
La CPM solicitó que la investigación no se limite a los efectivos que participaron directamente de los hechos, sino que alcance también a los funcionarios políticos y a quienes tuvieron responsabilidades en la planificación y conducción del operativo.
Qué delitos pidió investigar la Comisión Provincial por la Memoria
La denuncia penal solicita que se investiguen posibles delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas y malos tratos, entre otras figuras que pudieran corresponder a partir de los hechos denunciados.
El organismo reclamó que se determinen las responsabilidades de quienes ejecutaron las acciones y de aquellos que pudieron haber impartido las órdenes.
Entre los principales puntos de la presentación se encuentran:
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Abuso de autoridad: por las posibles irregularidades en el accionar de funcionarios y agentes estatales.
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Estrago: para que se evalúe su eventual aplicación a partir de las circunstancias investigadas.
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Detención ilegal: por las privaciones de la libertad denunciadas durante el operativo.
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Torturas o malos tratos: por las agresiones y las modalidades de utilización de la fuerza que la organización señaló.
La CPM pidió que se analicen los registros audiovisuales, los testimonios y los demás elementos que permitan esclarecer los hechos.
La presentación constituye una denuncia y un pedido de investigación: la determinación de los delitos cometidos y de las responsabilidades individuales corresponde a la Justicia.
El uso de gases y postas de goma, bajo cuestionamiento
En el documento, la CPM describió distintas prácticas que consideró irregulares durante la intervención policial, entre ellas el lanzamiento de granadas de gases lacrimógenos y sustancias químicas de manera indiscriminada.
También cuestionó los disparos con postas de goma o químicas dirigidos hacia el cuerpo de las personas y el uso de camiones hidrantes para arrojar agua a presión.
El organismo sostuvo que los registros de la jornada “evidencian una vez más el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza pública”.
Por eso, solicitó que la investigación determine las condiciones en las que se utilizaron esos elementos, las instrucciones impartidas a los efectivos y las responsabilidades de quienes dispusieron el despliegue.
