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Estela defendió en el Senado la continuidad del BNDG y la Conadi

La histórica dirigente de Abuelas afirmó que la disolución de ambos organismos representaría “un retroceso en materia de derechos adquiridos”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que tanto el Banco Nacional de Datos Genéticos como la Comisión Nacional por el Derechos a la Identidad (Conadi) son auténticos logros de la democracia”, al exponer en el plenario de comisiones que debate la Ley Bases en el Senado.

Carlotto concurrió a la Cámara alta acompañada del nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit, y afirmó durante su intervención que la disolución de ambos organismos representaría “un retroceso en materia de derechos adquiridos”, que son “fundamentales para garantizar el bienestar de toda la sociedad”.

La presencia de la presidenta de la histórica y emblemática entidad defensora de los derechos humanos en la Cámara alta en el debate de la Ley Bases tiene que ver con que en la media sanción que tuvo el proyecto en Diputados, no se aseguró la continuidad de estas dos instituciones, que podrían ser eventualmente disueltas por el Poder Ejecutivo, si hubiera una intencionalidad política que fuera en ese sentido.  

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“Venimos a pedirles a ustedes, las y los representantes del pueblo, que honren los cargos para los que fueron electos, como lo hicieron tantos a lo largo de nuestra historia. En este recinto se conquistaron derechos consagrados en la Constitución Nacional y, en particular, se consolidó el proceso de Memoria Verdad y Justicia, que tan alto nos ha colocado en el mundo, convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de Derechos Humanos”, recordó la dirigente de Abuelas en el inicio de su discurso.

Estela repasó la historia reciente de Argentina al recordar que el 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

Esa sanción junto con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que también las declaró inconstitucionales, permitió la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. 

“Este mismo Congreso fue el que puso un freno al intento de favorecer a los genocidas con el beneficio del 2×1.  En tiempo récord, y con apoyo de todos los bloques políticos, promulgó una ley para evitar reducciones de penas que resultarían una ofensa para la democracia”, remarcó Carlotto.

Además, recordó que “Las Abuelas de Plaza de Mayo llevamos 47 años de lucha y ante la desaparición forzada de nuestras hijas y nueras embarazadas comenzamos su búsqueda, así como también la de nuestros hijos, yernos y otros familiares que corrieron el mismo destino”. 

“En plena dictadura la búsqueda era compleja, y representaba mayor dificultad frente a los bebés que nacían en cautiverio, a quienes no podíamos reconocer. Entonces, nos preguntamos si nuestra sangre podía ser útil para identificarlos. Recorrimos el mundo, hasta dar con el genetista Víctor Penchaszadeh (aquí presente), quien nos contactó con la científica Mary-Claire King, y junto con un grupo de profesionales desarrollaron el ‘índice de Abuelidad’”, repasó sobre los orígenes de la lucha que libraron las Abuelas por la recuperación de la identidad de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar.

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Recordó que con la ayuda del presidente Raúl Alfonsín, se logró poner en marcha un Banco Nacional de Datos Genéticos, que se encargaría de la identificación de esos niños que “seguían creciendo en la mentira”. 

Contó además que “el servicio de inmunología del Hospital Durand empezó a recibir muestras, y el ministerio de Acción Social de la Nación se encargó de proveer los insumos”. 

“Toda una operatoria difícil para el funcionamiento y sostenimiento diario. Por eso, el poder legislativo también se comprometió con la búsqueda de niños desaparecidos por el terrorismo de Estado y, en 1987, el Congreso Nacional sancionó la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos”, sostuvo.

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Luego vino un período de retroceso en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la sanción de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos del presidente Carlos Saúl Menem a los genocidas de la última dictadura.

Sin embargo, en 1990, “con la sanción de la ley que incorporó al derecho interno argentino la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, empezamos a solicitar la conformación de una comisión técnica especializada”. 

“El objetivo era velar por el cumplimiento de los artículos de la Convención vinculados al derecho a la identidad (7, 8, 11), y simultáneamente impulsar la búsqueda y localización de las niñas y niños desaparecidos durante la última dictadura cívico militar”, reseñó.

Carlotto recordó que fue Menem quien ordenó la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), un organismo que se encarga de pedir documentación a los lugares que intervinieron en la inscripción de niños nacidos entre 1975 y 1983.

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Cuando una persona manifiesta dudas sobre su identidad, esa Comisión faculta al Banco Nacional de Datos Genéticos para ordenar un análisis.

“La CoNaDI ha brindado respuesta en más de dos mil casos en los que pudo establecer el origen biológico de personas, reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos”, agregó.

Además, recordó que, en 2012, la entonces presidenta  Cristina Fernández de Kirchner impulsó la creación de la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), que investiga y asiste en la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

Carlotto reconoció que Abuelas tiene preocupación por los artículos 3 y 6 de la denominada Ley de Bases, que otorgan facultades delegadas al Poder Ejecutivo para “la disolución, modificación e intervención de organismos centralizados y descentralizados del Estado, creados o no por Ley”. 

“Nos preocupa el alcance que tiene el proyecto de ley, entre otros artículos, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CoNaDI, herramientas construidas por el Estado democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi trescientas personas que aún viven bajo una identidad falsificada”, expresó. 

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Por último, Estela apeló a la “memoria de los senadores para honrar los compromisos que asumieron como funcionarios y funcionarias electas por el pueblo, para defender nuestros derechos y levantar la voz de quienes son sistemáticamente silenciados”. 

“A 40 años de democracia, les pedimos que defiendan los instrumentos que nos hemos dado en estas cuatro décadas de diálogo, trabajo y construcción de consensos. Les pedimos que estén a la altura de sus roles, e intervengan en defensa de lo que aún estamos a tiempo de salvar. Nosotras llevamos 47 años luchando, lo seguiremos haciendo, por nuestros hijos e hijas, los 30.000 y, sobre todo, por el futuro de nuestra patria”, puntualizó.



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