El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, y será tratado en comisión el miércoles para luego debatirse en el recinto el jueves.
La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas "socioeducativas y penas alternativas", y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.
Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que cometan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
En medio de discursos punitivistas y persecutorios contra las clases populares, con una pronunciada quita de perogramas estatales de acompañamiento a las juventudes e infancias en los barrios más empobrecidos (y discursos del estilo "delito de adulto, pena de adulto"), desde el Ejecutivo Nacional indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada "puerta giratoria" de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
