La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela García sacudió hoy al país. El hecho de que el principal sospechoso de su asesinato sea una persona que ya había sido condenada dos veces por violación agravó el panorama.
Entre las razonables críticas al juez Rossi, que permitió que el joven estuviera en libertad y deberá rendir cuentas por su fatídica decisión, se colaron también los consabidos reclamos por la imposición de la pena de muerte.
Si bien es inevitable que surjan esos comentarios desde parte de la población, que se manifiestas sobre todo en las redes sociales, distinto es que salgan de la boca de un dirigente -gremial en este caso-, que ejerce un liderazgo en la sociedad y que representa a miles de trabajadores, como es el caso de Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma.
Invitado al programa sabatino de Mirtha Legrand por canal 13, Micheli intervino en el debate sobre el caso de Micaela García y dejó una frase preocupante: "Yo creo que para estos casos hay que evaluar la pena de muerte, porque una persona que hace eso no tiene retorno".
Sobrados son los fundamentos jurídicos, sociales, políticos y hasta religiosos que sostienen la negativa de las sociedades modernas a regresar a prácticas que son parte del pasado en buena parte del planeta, tales como la pena de muerte.
El tema, de todos modos, no está superado. Todavía quedan 58 países en el mundo con regímenes que contemplan la pena capital. En el continente americano, son apenas cuatro: Estados Unidos, Cuba, Guyana y Belice.
