Tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos acusados de escribir grafitis con mensajes intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en la provincia de Salta, mientras que ocho adolescentes resultaron imputados por amenazas en establecimientos escolares en Córdoba.
El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, investigó el primer hecho y constató que se hallaron pintadas en esa escuela, donde se señaló que habría un tiroteo el próximo lunes.
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Personal del colegio observó que los tres estudiantes ingresaron al sector en el que se halló la inscripción y expresaron que se trataba de un “reto”, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.
El Juzgado de Garantías ordenó los arrestos de los implicados y la audiencia de imputación se realizará este sábado 18 de abril, mientras el fiscal continúa con la recolección de pruebas para esclarecer el suceso.
CABA
En la Escuela Técnica N.º 9 D.E. 7 “Ingeniero Luis Huergo”, en Caballito, la tensión se disparó tras la aparición de un mensaje que anunciaba un ataque para el jueves 16 de abril, y desde entonces hay patrulleros fijos en la puerta y estudiantes que modifican su comportamiento dentro del aula, eligiendo, por ejemplo, sentarse cerca de la salida. Aunque la amenaza no se concretó, muchos alumnos reconocen que pasaron la jornada pendientes de cualquier ruido o movimiento, sin poder concentrarse en las clases.
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Entre los más chicos, el impacto es más directo: varios confesaron haber faltado por miedo o haber asistido con una sensación constante de incomodidad, mientras que en los cursos superiores conviven la preocupación y cierta relativización del riesgo. La memoria reciente del crimen en una escuela de San Cristóbal y el caso de un alumno de un colegio parroquial de La Plata que llevó un aire comprimido y una pistola de juguete a clase refuerzan la percepción de vulnerabilidad.
Frente a episodios como el de La Plata, o similares registrados en colegios de Mar del Plata, se activaron protocolos de seguridad, intervino la policía y se abrió una investigación para determinar cómo ingresaron los objetos y si hubo una intención concreta de amenaza. En paralelo, las autoridades educativas y judiciales intentan fijar criterios de actuación comunes ante situaciones que, aun cuando no derivan en ataques reales, alteran la normalidad escolar.
La asistencia a clases quedó muchas veces “a criterio” de las familias: algunos padres directamente pidieron a sus hijos que no fueran por temor a que se repita una tragedia, mientras otros optaron por enviarlos, pero acompañarlos de cerca y retirarlos personalmente. Madres y padres coinciden en que, aun sin hechos consumados, “con los chicos no se arriesga”, y evalúan día a día qué hacer frente a cada nueva amenaza que circula en grupos de WhatsApp o redes.
Las intimidaciones también alcanzaron a instituciones emblemáticas como la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y colegios parroquiales de Quilmes Oeste, donde se difundieron mensajes amenazantes pero se resolvió mantener las clases, dejando en manos de cada familia la decisión de enviar o no a los estudiantes. En muchos de estos colegios se reforzó la presencia policial y se emitieron comunicados que repudian la violencia y llaman a no amplificar los mensajes intimidatorios.
Distintas organizaciones estudiantiles, como el centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, reclamaron un abordaje integral que incluya la salud mental de los alumnos, la regulación del impacto de las redes sociales y más recursos para la ley de salud mental. Advirtieron que la escuela no puede convertirse en un espacio de odio y propusieron asambleas, jornadas de reflexión y espacios de debate para pensar en conjunto la violencia, los discursos de odio y el miedo que hoy atraviesa la vida cotidiana en las aulas.
