En medio de la crisis social que vive Venezuela, alrededor de 6.700.000 personas abandonaron ese país rumbo a naciones que los cobijen. La gran mayoría de esa cifra, unos 5 millones, se encuentran hoy en Colombia, Perú, Chile y Ecuador, mientras que más de 220 mil llegaron hasta la Argentina.
En un informe publicado este jueves, Aministía Inernacional se refirió al tema de forma muy crítica hacia los gobienos colombiano, peruano, chileno y ecuatoriano por no cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de personas migrantes "para resguardar su vida, integridad y derechos humanos".
Estatus de refugiados
“Todos los países tienen la obligación de ofrecerles un estatus migratorio regular y cumplir con los estándares que marca el derecho internacional; la región debe ser solidaria con quienes están sufriendo una de las peores vulneraciones a sus derechos de las últimas décadas”, señaló al respecto Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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"Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos", apunta Amnistía en su informe, que analiza las medidas de protección temporal, regularización migratoria y los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado atendiendo a su accesibilidad, alcance y efectividad.
Según AI, "ninguno de estos cuatro Estados cumple con sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional de ofrecer protección internacional o protección complementaria a personas venezolanas".
Violaciones a los DDHH
"En Venezuela se cometen violaciones masivas de derechos económicos y sociales, además de violaciones generalizadas y sistemáticas a derechos civiles y políticos, lo cual ha resultado en la emergencia humanitaria compleja que asola al país y explica que entidades como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estén investigando a las autoridades por posibles crímenes de lesa humanidad", señala Amnistía en su informe, al considerar que "las personas venezolanas que huyen de esta situación necesitan protección internacional y por tanto deberían ser reconocidas como refugiadas".
"A pesar de que Colombia, Perú, Ecuador y Chile cuentan con leyes que definen a una persona refugiada como quien huye de situaciones como la de Venezuela, la organización ha comprobado que rara vez las aplican. Estos cuatro países han suscripto los instrumentos de derecho internacional que establecen las obligaciones de los Estados respecto de personas refugiadas, en concreto la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984. En base a estas normas legales, están obligados a proteger a las personas venezolanas que han huido de su país", continúa el informe.
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Y agrega que "si bien han permitido otorgar a personas venezolanas un estatus migratorio regular y acceso a algunos derechos y servicios, dicha protección no es equiparable a la protección internacional a las que las personas venezolanas tienen derecho. Además, no incorporan un enfoque de género claro".
“La falta de acceso a un estatus migratorio regular es especialmente preocupante para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, quienes quedan totalmente desprotegidas en sus países de acogida. Lejos de adoptar nuestras recomendaciones para reducir esta desprotección, nuestro nuevo informe evidencia que los programas vigentes, como los implementados en Perú y Chile, no solamente son revictimizantes, sino que en muy limitadas ocasiones han podido beneficiar a mujeres venezolanas,” añadió Ana Piquer, directora interina para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe completo puede leerse en la página oficial de Amnistía Internacional.
