El juicio oral y público contra 10 efectivos de la Policía del Chaco acusados de cometer abusos físicos y psicológicos contra jóvenes de la comunidad Qom comenzó a principios de octubre y se extenderá, según las previsiones, hasta mediados de noviembre. La causa investiga un operativo realizado durante la madrugada del 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas, de la localidad de Fontana.
Los hechos denunciados incluyen ingresos violentos a viviendas sin orden judicial, detenciones arbitrarias, golpes y presuntos actos de tortura contra cuatro jóvenes indígenas. La investigación también contempla las consecuencias físicas y psicológicas que sufrieron las víctimas después del procedimiento policial.
Cómo fue el operativo policial denunciado en Fontana
Según una publicación de NA, los episodios investigados ocurrieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos policiales ingresaron a tres domicilios del barrio Banderas Argentinas, en Fontana.
Según las denuncias incorporadas a la causa, los agentes entraron sin una orden judicial y utilizaron la fuerza para detener a los habitantes. Los testimonios describen forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y amenazas con armas de fuego.
Durante el procedimiento fueron detenidos Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia y Rebeca Griselda Garay, quien era menor de edad en ese momento.
Las acusaciones sostienen que los malos tratos continuaron después de las detenciones. Parte de las situaciones denunciadas quedó registrada por las cámaras de la comisaría, según la información difundida sobre la investigación.
Quiénes son las víctimas y qué denunciaron contra los policías
Los cuatro jóvenes que figuran como víctimas de la causa pertenecen a la comunidad Qom y denunciaron haber sufrido violencia física y psicológica durante el procedimiento.
Entre los hechos señalados se encuentran las agresiones físicas, las detenciones sin justificación legal y los insultos vinculados con su pertenencia a un pueblo originario.
En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, explicó que los efectivos ingresaron violentamente a tres viviendas y se llevaron detenidos a los jóvenes mediante golpes y forcejeos.
Consultada sobre los motivos que habrían justificado el ingreso policial, Garone respondió: "Al momento, no sabemos los motivos".
La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales de los diez efectivos acusados y establecer las circunstancias en las que se produjeron las detenciones y las agresiones denunciadas.
Ocho de los diez policías acusados continúan en funciones
Uno de los aspectos señalados por Amnistía Internacional tiene que ver con la situación laboral de los efectivos imputados.
Durante la entrevista con NA, Garone confirmó que solamente dos de los diez policías acusados dejaron de cumplir funciones dentro de la fuerza provincial. Los otros ocho continúan trabajando en la Policía del Chaco y, según explicó, nunca abandonaron sus cargos.
La continuidad de los efectivos en la institución fue uno de los puntos planteados por la organización durante el seguimiento del expediente.
El proceso judicial busca establecer las responsabilidades por los hechos denunciados, mientras los acusados mantienen distintas situaciones laborales dentro de la fuerza.
Amnistía Internacional intervino en la causa por violencia institucional
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el expediente judicial. Esta figura permite que una organización aporte argumentos y consideraciones jurídicas para contribuir al análisis de una causa.
La entidad remarcó la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar adecuadamente los delitos de tortura y los abusos físicos y psicológicos denunciados.
También advirtió sobre la importancia de investigar si existió un componente discriminatorio en las agresiones, debido a la pertenencia de las víctimas a la comunidad Qom.
En ese marco, la organización acompañó el reclamo de justicia y destacó la necesidad de que el proceso permita esclarecer lo sucedido durante el operativo policial en Fontana.
Las pericias psicológicas detectaron estrés postraumático en las víctimas
Las consecuencias del procedimiento no se limitaron a las lesiones físicas denunciadas. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial del Chaco, los cuatro jóvenes presentaban síntomas de estrés postraumático.
Garone explicó que Amnistía Internacional realizó una misión en Fontana durante 2021, cuando mantuvo entrevistas con integrantes de la familia Saravia y recopiló testimonios para documentar el caso.
La representante de la organización señaló que las pericias psicológicas arrojaron conclusiones coincidentes y determinaron la necesidad de que las víctimas recibieran tratamiento especializado.
Según explicó, la afectación emocional provocada por los hechos tuvo consecuencias importantes en la vida de cada uno de los jóvenes detenidos.
