La familia del fotógrafo asesinado José Luis Cabezas reclamó que uno de los homicidas condenados y beneficiado con la libertad condicional, el ex policía Gustavo Prellezo, no ejerza como abogado matriculado hasta que cumpla la totalidad de la sentencia, a fines de 2021.
Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico denunció que hasta la fecha el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), presidido por Eduardo Awad, no se expidió sobre su reclamo para retirarle la matrícula a Prellezo "hasta que cumpla con la condena de la justicia".
El 26 de diciembre, la familia, a través de su abogado Alejandro Vecchi, le envió una carta documento al presidente Awad para notificarlo de esta situación y que se expida sobre la cuestión, más allá de la resolución que aun tramita en el Tribunal de Disciplina del CPACF.
Apuntan contra Awad por considerar que él le otorgó la matrícula "irregularmente" a una persona con condena firme "sin haberse verificado estos extremos en tiempo y forma y a pesar de tener todos los medios a su disposición para hacerlo".
"Esa sola circunstancia lo obligaba a extremar los recaudos de pedir información antes de otorgar esa matrícula", sostuvo la carta en la que también cuestionó la intervención del Tribunal de Disciplina como una medida "extemporánea" cuando la intervención debió haber sido con "anterioridad" no con "posterioridad" a otorgarle la matrícula.
En la carta, se señaló a Awad como "responsable", ya que "debió actuar con premura, con urgencia, sin dubitaciones, disponiendo como mínimo la 'suspensión' inmediata y preventiva, a mérito de no incurrir en delito doloso de permitir intencionalmente, a sabiendas, que alguien condenado con condena incumplida ejerza la profesión de abogado violando explícitamente lo dispuesto en los tipos del Código Penal que reprimen la usurpación de títulos y honores".
La familia notificó a Awad que si no obtiene una respuesta sobre su reclamo interpondrán una denuncia penal "por daños y perjuicios y daño moral".Mientras tanto, hasta hoy en el padrón web del CPACF "Prellezo Gustavo Daniel" figuraba habilitado en el "Tomo 132" y "Folio 582"
ACTOS EN TODO EL PAIS
A 23 años el crimen contra el reportero gráfico José Luis Cabezas, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el sindicato de Trabajadores de Prensa (SiPreba) convocan bajo la bandera de "No se olviden de Cabezas".Los homenajes continuarán el sábado, en Pinamar y otros puntos del país.
El crimen, un atentado a la libertad de expresión, fue el 25 de enero de 1997 en Pinamar, tras fotografiar al empresario postal Alfredo Yabrán, quien fue procesado como instigador del hecho y se suicidó en un campo de Entre Ríos cuando estaba prófugo de la Justicia, un año y cuatro meses después del asesinato.
Los condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, están actualmente eximidos de prisión, mientras que el autor material del hecho, el ex policía Gustavo Prellezo, está habilitado para ejercer como abogado.
ASESINOS SUELTOS
Gustavo Prellezo, autor material del crimen, recibió una matrícula de abogado por parte del Colegio Público de la Capital Federal.
Prellezo participó el 25 de enero de 1997 en Pinamar del asesinato de Cabezas, junto a una banda de delincuentes conocida como "Los Horneros".
El entonces efectivo de la Bonaerense estaba al servicio del empresario postal Alfredo Yabrán, quien fue procesado como instigador del hecho y se suicidó en un campo de Entre Ríos cuando estaba prófugo de la Justicia, un año y cuatro meses después del crimen.
El autor de los disparos que terminaron con la vida del reportero gráfico, según lo estableció la Justicia, está en libertad condicional desde diciembre de 2017, aunque desde 2010 vive en su casa bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Prellezo fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años, pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y el país y expirará en 2022.
El ex oficial de la policía estudió en la cárcel y se recibió primero de abogado y luego de escribano en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), e intentó obtener una matrícula de abogado en un colegio público de Quilmes, pero ante una denuncia presentada por la familia de Cabezas esa entidad optó por no entregarle la habilitación para desempeñarse como letrado.
En cuanto al resto de los condenados, el ex policía Aníbal Luna, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Cabezas, está bajo libertad condicional desde septiembre de 2017, tras cumplir durante dos años un período de salidas transitorias.
Gregorio Ríos, ex jefe de la seguridad de Alfredo Yabrán, fue condenado a perpetua como instigador del asesinato, pero en 2008 resultó beneficiado con la libertad condicional al cumplirse 20 años de su detención.
El comisario Mario "La Liebre" Gómez, condenado por haber liberado la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires.
Sergio Cammaratta, otro de los policías implicados en el caso y sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho "un seguimiento" a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997, murió en 2015 en el penal de Dolores.
Con relación a la banda de "Los Horneros", los delincuentes comunes de la periferia de La Plata que fueron reclutados por Prellezo para cometer el crimen de Cabezas, también quedaron desvinculados de la causa.
José Luis Auge recibió una condena en el juicio que se llevó a cabo en 2004 y cuatro años más tarde quedó en libertad.
Su cómplice Sergio Gustavo González, tras ser sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de su condena; salió de la cárcel en 2006, y el año pasado se le declaró la extinción de la pena, aunque aún tiene una causa por drogas radicada en los tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, Horacio Braga quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia.
Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió de sida en la cárcel un año después.
