El diputado nacional Guillermo Michel solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que realice una auditoría integral sobre el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). La presentación fue dirigida al titular del organismo, Juan Manuel Olmos, y contempla una revisión de los aspectos administrativos, financieros y normativos de la operación.
El legislador de Unión por la Patria, integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, pidió que el procedimiento sea incorporado al Programa Operativo Anual 2026 de la AGN. Además, estableció que el informe final sea enviado al Congreso antes del 1° de marzo de 2027.
La iniciativa suma una instancia de control institucional al proceso de transferencia de la participación estatal en la empresa encargada de los servicios de agua potable y saneamiento.
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Qué pidió Guillermo Michel sobre la privatización de AySA
En su presentación ante Juan Manuel Olmos, Michel solicitó que el organismo de control avance con una revisión completa de la operación.
El documento plantea: “Dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.”.
El pedido contempla examinar cómo se desarrolló el procedimiento, cuáles fueron sus condiciones financieras y si se cumplieron las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
La presentación también solicita que la auditoría sea incorporada al programa de trabajo del organismo durante 2026, con el objetivo de que sus resultados puedan ser evaluados por la comisión parlamentaria.
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Por qué Michel solicitó la intervención de la AGN
El planteo del diputado se fundamenta en el artículo 7° de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización.
En el escrito, Michel también enumeró los decretos y las resoluciones del Ministerio de Economía mediante los cuales el Poder Ejecutivo avanzó con el procedimiento.
Entre las normas mencionadas figuran los decretos 695/2024, 493/2025, 494/2025 y 805/2025, además de distintas resoluciones ministeriales dictadas entre 2025 y 2026.
El legislador pidió que la AGN examine el proceso sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Bases. Su presentación apunta a que el organismo pueda evaluar el cumplimiento de las normas que regularon la operación.
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Cuánto se pagó por la privatización de AySA
El Gobierno nacional formalizó el 22 de octubre de 2026 la adjudicación de la licitación para vender el 90% de las acciones de AySA que pertenecen al Estado nacional.
La operación fue adjudicada por US$340,2 millones al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía. El 10% restante de la compañía continuará en manos de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada.
La empresa presta servicios de agua potable y saneamiento a aproximadamente 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense.
Cuándo deberá estar listo el informe de auditoría
Uno de los puntos centrales del pedido de Michel es el plazo establecido para la entrega de los resultados.
El diputado solicitó que el informe final sea remitido a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas antes del 1° de marzo de 2027.
La intención es que el Congreso cuente con información sobre las condiciones de la operación y el cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros.
Por el momento, la presentación constituye un pedido formal de auditoría y no un informe que haya determinado irregularidades en la privatización. La eventual revisión y sus conclusiones dependerán de las actuaciones que lleve adelante la AGN.
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La AGN y el control de las operaciones del Estado
La Auditoría General de la Nación es un organismo de asistencia técnica del Congreso encargado del control externo del sector público nacional.
Su intervención permite examinar aspectos financieros, patrimoniales, administrativos y de gestión de las operaciones estatales.
En este caso, el pedido busca incorporar la privatización de AySA a ese mecanismo de fiscalización, en un proceso que involucra la transferencia de una empresa estratégica para la prestación de servicios esenciales.
La discusión sobre las condiciones de venta y el control posterior de la compañía continuará en el ámbito institucional, mientras se avanza con las instancias necesarias para concretar el traspaso accionario.