La fiscalía federal a cargo de Ramiro González pidió al Gobierno el expediente completo de una licitación millonaria impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, para el mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. El contrato, tramitado bajo la Licitación Pública N.º 23-0005-LPU26, apunta a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y del riego de los jardines presidenciales. Antes de decidir si abre o no una causa penal formal, el fiscal reclamó toda la documentación administrativa para reconstruir cómo fue el proceso y en qué estado se encuentra.
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Según trascendió, el monto total del contrato ronda los 700 millones de pesos, lo que refuerza el interés de la Justicia federal en determinar si hubo irregularidades en el llamado y en la elección de las empresas oferentes. La investigación quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py, en el Juzgado Federal N.º 2 a cargo de Sebastián Ramos, que deberá remitir la información requerida a la fiscalía.
La denuncia y el rol de Pagano
El caso se activó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó directamente contra Karina Milei y contra otros eventuales responsables que surjan de la pesquisa. En su presentación, la legisladora habló de posibles delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Pagano puso la lupa en la forma en que se estructuró la licitación, en particular en la participación de dos empresas que ya habían sido observadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Su planteo es que el procedimiento podría haber simulado un escenario competitivo que en los hechos no existía, con consecuencias directas sobre el uso de fondos públicos.
Las empresas bajo sospecha
El núcleo de la sospecha gira en torno a las firmas La Mantovana de Servicios Generales S.A. y GRUB S.A., que se presentaron como oferentes en la licitación de jardines. De acuerdo con un dictamen previo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC), ambas integrarían un mismo grupo económico. Ese antecedente abre la posibilidad de que se haya montado una apariencia ficticia de competencia para convalidar el proceso de contratación.
La eventual vinculación societaria entre las dos empresas no sólo cuestiona la transparencia de la licitación, sino que podría configurar un esquema de cartelización y afectar el principio de igualdad entre potenciales oferentes. La Justicia ahora busca establecer si el Gobierno, y en particular la Secretaría General, tenía conocimiento de ese dictamen de Defensa de la Competencia al momento de avanzar con el llamado.
Qué puede pasar con Karina Milei
Por el momento, el fiscal González no dictó imputaciones concretas ni ordenó medidas de prueba de fondo, y limitó su accionar a la recolección de datos preliminares. Sin embargo, si del análisis del expediente surgen indicios de direccionamiento o de maniobras para favorecer a un grupo empresario, el expediente podría derivar en una investigación penal directa sobre Karina Milei en su rol de secretaria General de la Presidencia.
En el oficialismo, por ahora, se mantienen en silencio mientras arrecian las críticas de la oposición, que exige que el Gobierno haga público el expediente y explique por qué se eligió un esquema de contratación hoy bajo la lupa judicial.
Próximos pasos en la causa
Una vez que el Poder Ejecutivo remita la documentación, la fiscalía evaluará si hubo incumplimientos formales, alertas internas o dictámenes que hayan sido desoídos durante el trámite de la licitación. Sobre esa base, González deberá definir si impulsa la acción penal o si archiva la denuncia por falta de elementos.
Mientras tanto, en Comodoro Py no descartan que, a medida que se conozcan detalles del expediente, se sumen nuevos pedidos de informe o incluso ampliaciones de denuncia vinculadas a otros contratos similares para el mantenimiento de inmuebles del Estado. La licitación de los jardines de la Rosada y Olivos se convirtió así en el primer gran test judicial para la gestión de Karina Milei al frente de la Secretaría General, y podría marcar el tono de la relación entre la Justicia federal y el entorno más cercano del Presidente.
