El primer endeudamiento de la Argentina se produjo en 1824, siendo Bernardino Rivadavia ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, mediante el conocido empréstito de la Baring Brothers, que tuvo como gestores a los hermanos Parish Robertson, por un millón de libras esterlinas.
Los manejos inescrupulosos e irresponsables de su deuda, al igual que los que se fueron sucediendo en el tiempo, con algunos breves períodos de declamado nacionalismo, llevaron a Buenos Aires primero, y a la Argentina después, a una sucesión de defaults: el primero se inició en 1828 a partir de la gobernación de Juan Manuel de Rosas, quién se mantenía al margen de la Confederación Argentina presidida por Justo José de Urquiza.
Lo acordado en esa ocasión fue pagar absolutamente todo lo adeudado, tras un plazo de gracia, a partir de 1861, agregándose a la deuda original la emisión de títulos adicionales para cubrir los intereses impagos en todo el período del default, aceptándose tasas de interés progresivamente más elevadas ya que alcanzaban al 1% anual para el período 1861/1865, al 2% para la etapa 1866/1870 y al 3% de allí en más.
Si se tiene en cuenta que en ese momento la tasa anual rondaba el 6% en el mercado mundial se puede considerar el arreglo como satisfactorio y así se concluyó de pagar en 1904 cuando ya la deuda, a partir de 1866, y ya habiéndose unificado el país bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, el préstamo había pasado del ámbito provincial al nacional.
Pero el proceso de endeudamiento volvió a agravarse, sobre todo durante la gestión de Miguel Juárez Celman y su política de los "bancos garantidos" por lo cual se desembocó en la crisis de 1890 que, junto con la "Revolución del Parque" encabezada por Leandro N. Alem, provocó la renuncia del presidente y la asunción del vicepresidente Carlos Pellegrini.
En medio de esa crisis, el Lloyds Bank solicitó al gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte que se hiciera cargo del manejo de las finanzas argentinas y el marqués de Lorna, financista alemán y acreedor, reclamó la invasión lisa y llana, como la que ocurrió poco tiempo después cuando Alemania, Italia y el RU, con apoyo logístico de los Países Bajos, invadieron Venezuela en 1902 para cobrarle sus deudas.
El primer ministro del RU, lord Salisbury, rechazó esas propuestas y convocó a los gobiernos de Francia y Rusia para el salvataje de la banca británica a punto de quebrar por la crisis argentina y así, mediante la intervención del barón de Rothschild como cabeza de la operación, junto con el Banco de Inglaterra (central) y John Pierpont Morgan (hijo de J.S. Morgan, fundador de la banca Morgan) se concretó la renegociación.
El préstamo implicó la emisión de bonos que compensaban el pago de los intereses a pagar durante los siguientes tres años y cuya colocación quedó a cargo de la banca Morgan, mientras la Argentina aceptó un duro programa de ajustes restringiendo la emisión monetaria, aumentando los impuestos, privatizando bienes del Estado y reduciendo gastos públicos.
Ese acuerdo no fue bien visto por el sucesor de Pellegrini, Luis Sáenz Peña, y su ministro de Economía, Juan José Romero.
En ese marco, Romero encaró una renegociación que facilitara el desarrollo argentino y aliviase las cuentas fiscales, de lo cual, en 1893, en base a la propuesta argentina, aceptada en buena medida por los acreedores, se firmó el denominado "Acuerdo Romero" que dio lugar a los 20 años de gran crecimiento del país, que se ubicó entre las primeras economías planetarias hasta la crisis financiera británica de 1913, producto de las Guerras de los Balcanes.
El acuerdo estableció el no pago de capital por una década, la tasa de interés disminuyó sensiblemente por un quinquenio y los acreedores se comprometieron a generar superávits comerciales para facilitar los pagos, siendo esto último un importante antecedente del convenio de 1956 entre la República Federal Alemana y sus acreedores de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió el resurgimiento de la hoy principal potencia económica europea y quinta a nivel mundial.
Un nuevo default se produjo a partir de abril de 1988 durante la presidencia de Raúl Alfonsín lo que dio lugar a que, sobre la finalización de 1991, el siguiente jefe del Estado, Carlos Menem, iniciara negociaciones con sus acreedores en el marco del llamado "Plan Brady", por el cual se emitieron nuevos bonos en reemplazo de los impagos, lo que implicó un salida que cubrió lo adeudado en 23.000 millones de dólares estadounidenses por el capital y u$s 8.000 millones por los intereses.
Esta negociación incluyó a unos 500 bancos acreedores que realizaron diversos acuerdos, uno de ellos el de los llamados "Bonos con Descuento", ya que se hizo una quita del 35% sobre el capital pero con un enorme interés que se basaba en la "Tasa Libor" más un interés de 13,26% anual, todo garantizado por un año con títulos Tesoro de los Estados Unidos de América.
Otra alternativa fue la de los denominados "Bonos Par", que contenían la totalidad de lo adeudado pero con una tasa menor; del 4% anual durante siete años y del 6% a partir de ese momento; en tanto que respecto de los intereses vencidos se acordó un pago inmediato de u$s 400 millones, se entregaron títulos garantizados por los EUA por u$s 300 millones y el resto con títulos del país en moneda estadounidense con la referida "Tasa Libor" más el 13,26%.
De todas esas alternativas surgió, finalmente, que el 68% de los acreedores optó por los bonos Par y el 32% por los bonos con Descuento, lo que se terminó de firmar en abril de 1993.
Los sucesivos problemas dieron lugar al "blindaje" de noviembre de 2000 cuando para evitar el default el gobierno del presidente Fernando De la Rúa acordó un salvataje con aportes del FMI, del BID, el gobierno de España y varios bancos extranjeros que operaban en la Argentina, mientras el conjunto de la banca acreedora renovó u$s 10.000 millones en papeles que tenían vencimiento en el 2001.
En marzo de 2001, se produjo una fuga de divisas por u$s 5.543 millones lo que provocó la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea, reemplazado, tras un breve interinato de Ricardo López Murphy, por Domingo Cavallo, quién se encontró en julio con una fuga de u$s 5.268 millones y en agosto de u$s 2.091 millones, hasta que, finalmente, él y el entonces secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, llevaron a cabo a fines de ese año el llamado "Megacanje" que postergó vencimientos pero incrementó notablemente la deuda y los intereses a pagar.
Caído el gobierno delarruista, el presidente Adolfo Rodríguez Saá, de efímero paso por la Casa Rosada, declaró el default, mientras que la posterior gestión de Eduardo Duhalde, que incrementó violentamente la deuda, dio lugar a que en 2003 amenazase con un default para presionar a una nueva negociación con los acreedores sobre la que en 2005 avanzó el ministro de Economía Roberto Lavagna durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner logrando restructurar el 76% de los pasivos, ampliándose esa cifra al 92% ya durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La refinanciación, que implicó una importante quita, no pudo incluir a la totalidad de los acreedores, los llamados "holdouts", quiénes iniciaron acciones judiciales que pusieron al país ante un nuevo default con sentencias judiciales emitidas por los tribunales de Nueva York y avaladas por la Corte Suprema de los EUA mientras el gobierno argentino pagaba a otros acreedores, como el propio FMI.
Finalmente, mediante una nueva emisión de bonos de deuda, la actual administración de Mauricio Macri le puso fin al default más reciente del país. Según el Gobierno esto marca el regreso de la Argentina al mundo. Sin embargo, esto también representa el mayor endeudamiento de su historia.
